Detuvieron a 21 personas -entre ellas un menor de edad- en Rosario por los crímenes con sello narco de los últimos días, según informó la Fiscalía de Santa Fe. Dos taxistas de la misma empresa fueron asesinados, un colectivero fue baleado en la cabeza y la comisaría número 15 fue atacada a tiros esta semana.
A once de los 21 detenidos, la Fiscalía les endilga, en principio, el delito de encubrimiento en la balacera al colectivero, mientras que otras siete personas fueron detenidos por los homicidios de los dos taxistas, uno de ellos acusado de ser partícipe del hecho. Otras dos personas fueron aprendidas por el ataque a la comisaría.
Los procedimientos fueron ordenados por un equipo de fiscales creado específicamente para hacer frente a la crisis de seguridad pública que recrudeció a partir del sábado pasado, cuando balearon un micro que trasladaba personal penitenciario.
Unos días después, los dos taxistas fueron ejecutados a sangre fría, un chofer de colectivos de la línea K fue víctima de un intento de homicidio y la comisaría número 15 fue blanco de una balacera, entre otros ataques que conmocionaron a los vecinos de Rosario.
Este viernes, por otra parte, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, pidieron la colaboración de las Fuerzas Armadas para combatir a las bandas criminales en la ciudad que definieron como “terrorismo urbano”.
Los crímenes
Rosario atraviesa una semana sangrienta. Los dos taxistas trabajaban en la misma empresa, Movi Taxi, y fueron asesinados de manera casi idéntica con una diferencia de pocas horas: un sicario les disparó de cerca con una pistola calibre 9 milímetros alimentada con balas de la Policía de Santa Fe.
El gobierno provincial que lidera Pullaro sospecha que los ataques están relacionados entre sí y tendrían un denominador común: la respuesta del crimen organizado de la ciudad al endurecimiento de las condiciones de alojamiento en las cárceles provinciales.
Pullaro decidió divulgar imágenes en las que los llamados “presos de alto riesgo”, que no son otros que los que están vinculados con las bandas de narcomenudeo que se disputan el territorio para sus negocios ilegales, son sometidos a permanentes requisas y estrictos controles “a lo Bukele”.
