El defensor Oficial N° 2 de Sáenz Peña, Matías Jachesky, presentó un hábeas corpus colectivo, correctivo y preventivo ante el juez de Garantías de la Segunda Circunscripción judicial, Luis Kubicek, por un operativo policial realizado entre el lunes por la noche y el martes por la mañana en Quitilipi en el que se habrían detenido de manera arbitraria a un grupo de jóvenes de condición humilde de la zona.
Ante esto, el Juzgado de Garantías pidió informes a la comisaría local sobre dicho procedimiento, teniendo en cuenta el antecedente de 2016 de hostigamiento policial a jóvenes qom.
En diálogo con radio La Red, el defensor Oficial indicó que el operativo se realizó contra jóvenes, en principio, con “características de vulnerabilidad sociocultural” aunque señaló que no pudo “corroborar si existe entre ellos personas de pueblos nativos”. “Evidentemente habría que determinar si es legal o no esa decisión por eso puse en conocimiento del juez que se ha encargado de hacerlo”, explicó sobre la medida presentada.
“Si se actuó como corresponde, por dentro de la ley, nada debe temer nadie porque todo se acredita, ahora si se actuó fuera del marco de la ley, se revisará”, expuso Jachesky sobre el accionar de los policías que habrían detenidos a los jóvenes para que no circulen por la vía pública y para averiguar sus antecedentes, sin que se hubiera acreditado un hecho delictivo o se sospeche de uno.
El defensor recordó que existen antecedentes de este tipo de procedimientos ilegales por parte de la policía de Quitilipi: “En el año 2016, se detectó y llegamos a conocimiento por personas de la comunidad qom que el personal de Quitilipi en el barrio donde vivían, se presentaba y les decía que hasta tal hora no se podía estar en la vía pública, no esperaban que se vayan a su domicilio y al que circulaba se lo detenía”.
“Esto provocó que yo accione y que la acción habeas Corpus tenga efectos positivos, se hizo lugar a la misma y se tomaron una serie de medidas que no implicaron necesariamente sumarios sino que fueron otras medidas mucho más productivas, se obligó al personal policial a hacer cursos de formación ética, de formación ciudadana y de formación de derecho humanos, que aprenden lo que realmente no estaban teniendo conocimiento o no habían adquirido en la Escuela de Policía, pero se pudo cumplir esa situación con acción”, remarcó.
Apuntó además que “también hay otros antecedentes de condena provincial ante organismos de derechos humanos, que no son mías, donde se ha condenado por este tipo de prácticas”.
Jachesky reiteró que “esto no tiene que ver con la prevención, que es una de las facultades que tiene la policía de la provincia como auxiliar del Poder Judicial, la tarea prevencional indica justamente presencia policial en la vía pública, actuar de manera inmediata ante la posible comisión de delito, estos son hechos que no tienen nada que ver con eso, no se está tratando de limitar de alguna manera el ejercicio de la prevención, esto es otra cosa”.
“Si una persona circula en la vía pública, si no está cometiendo ningún ilícito o no hay sospechabilidad de que lo pueda cometer, no es motivo para privarlo de la libre circulación, ahí sí se tornaría grave la situación”, planteó el funcionario judicial y resaltó que “todo va a ser materia de resolución del juez que tiene en sus manos esta situación”.
Por último, aclaró que la “averiguación de antecedentes es una figura que ya está en desuso “. “Existe una facultad policial de pedir en determinadas situaciones que se acredite la identidad cuando se está dentro del marco de la sospechabilidad de la posible comisión de un delito o de una contravención. Fuera de ese marco, una persona que circula libremente no debería ser interceptada por personal policial exigiendo que se identifique”, subrayó.
