Gabriel Oriolo era uno de los directores de OSDE, la prepaga más grande del país, cuando en noviembre pasado decidió abandonar la empresa por diferencias profesionales con otros líderes de la compañía. Ahora está del otro lado del mostrador.
Trabaja para el Estado libertario al frente de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y en pleno conflicto tanto con la ex compañía que lo albergó durante tres décadas como con el resto la medicina prepaga.
El superintendente de Salud, que dirige este organismo descentralizado y dependiente del Ministerio de Salud, reemplazó en enero a su fugaz antecesor, Enrique Rodríguez Chiantore, abogado alineado con Juntos por el Cambio y, hasta comienzos de diciembre, potencial ministro de Salud de Patricia Bullrich cuando la actual ministra de Seguridad aspiraba a la Presidencia.
Los que conocen a Oriolo aseguran que no es mileísta -como muchos que ocupan cargos en el Gobierno-, sino que tiene un perfil profesional, lo que al parecer convenció al Presidente para tratar de darle una vuelta de racionalidad al funcionamiento de la salud en Argentina. Licenciado en Administración, su currículum dice que hizo posgrados en la Universidad de Belgrano, Escuela Argentina de Negocios, Esade, IAE Business School, UCA y Universidad de San Andrés.
Según cuentan fuentes que transitan a diario el flamante edificio de la calle Bartolomé Mitre al 400 -inaugurado en noviembre de 2023-, donde el superintendente ocupa una oficina en el quinto piso, la historia de sucesión en la SSS tiene un aire al epílogo de Oriolo en OSDE. “Chiantore tenía un plan para resolver los conflictos que se avecinaban que evidentemente no era el que pretendía el gobierno de Milei”, dijo un colaborador del superintendente. Rodríguez Chiantore siempre desmintió cualquier diferencia con el Gobierno.
¿Chiantore hubiera sido, por ejemplo, menos beligerante con Claudio Belocopitt? La respuesta es contrafáctica y sinuosa. Para cuando Oriolo asumió su cargo, el conflicto con las prepagas estaba en pañales, pero no tanto. Se lo veía venir: la Coalición Cívica acababa de hacer -diez días antes- su denuncia por “cartelización” contra siete prepagas. Poco después, en la Superintendencia empezaría a madurar la idea del amparo en la Justicia.
El dueño de Swiss Medical y líder renunciante de la Unión Argentina de Salud (UAS) se convirtió de repente, de la noche a la mañana y sin anestesia, en el enemigo público número uno del Gobierno, lo que incluyó como punta de lanza al portador de un cargo con veleidades de superhéroe. A la máxima autoridad de la Superintendencia parece calzarle a medida ese rol.
Sin embargo, los que conocen a Oriolo saben que “lo que menos quiere el superintendente es estar ocupándose de un conflicto como éste. Hay muchos problemas para resolver en pos de la mejora del sistema de salud de la Argentina como para estar atascados con esta causa judicial”, explican en su entorno, en referencia al juicio por el que el Juzgado Civil y Comercial N°3, a cargo de Juan Stinco, dio la razón a la Superintendencia para que 23 prepagas ajusten retroactivamente sus cuotas a la inflación y devuelvan lo cobrado de más a los afiliados, amen de que el plazo previsto originalmente ahora se haya postergado hasta el 27 de mayo.
“Nuestra idea no era enfrentarnos con las prepagas, pero con los abusos que hubo tras la liberación de las cuotas no nos quedó alternativa. No podíamos quedarnos mirando. La Superintendencia, luego del DNU 70, ya no fija precios, pero su poder de fiscalización sigue intacto”, comentó otro funcionario que trabaja a diario con Oriolo. Casi sin darse cuenta, el ex OSDE cambió el estrés y el desgaste que significaba ser director de Sistemas de esa prepaga por un cargo púbico que lo colocó en el centro de un inesperado ring.
Desde la Superintendencia apuestan a que el negocio de la salud privada tienda a sanearse. “La inflación viene siendo desde hace años una variable de ajuste clave en el negocio de las prepagas. Cobran las cuotas hoy y a los prestadores -salvo excepciones-, les pagan a los 60, 90 o 120 días. Mientras tanto, ponen la plata a trabajar. Ese modelo no va más, está agotado. Van a tener que gestionar”, agregó la fuente.
Qué viene después del juicio a las prepagas
La gran preocupación del sector de las prepagas, en este contexto de inestabilidad repentina, no es tanto este presente tormentoso sino cómo va a seguir la historia: qué empresas sobrevivirán en el negocio de la medicina y si algunas quedarán en el camino. En la Superintendencia son conscientes de que “el modelo de salud de la Argentina no existe en ningún país del mundo. No es viable pagar una tarifa plana y acceder a cualquier tipo de servicio médico o medicamento, ya sea por la propia cobertura o, muchas veces, por orden judicial”.
Ahí viene la parte de la historia sobre la que OSDE, Swiss Medical, Omint y compañía están esperando señales, y que tiene que ver con el problema que en la actual coyuntura no aparece en primer plano porque el conflicto judicial y administrativo (la investigación por “cartelización” que lleva adelante la Comisión Nacional para la Defensa de la Competencia), eclipsa todo el resto.
Esa otra parte es cómo Oriolo y el Gobierno están pensando la “compensación” a las prepagas o, dicho de otro modo, el contrapeso al embate actual. Eso implica reconvertir un mecanismo que, el Gobierno está convencido, tal como está diagramado hoy es inviable. Ahí aparece un trabajo más silencioso pero ya puesto en marcha, que tiene que ver -para todo el sistema de obras sociales- con tres pilares fundamentales: un nuevo Plan Médico Obligatorio (el PMO), cambios en las coberturas de discapacidad y nuevos criterios para los medicamentos de alto precio.
“El nuevo PMO en el que estamos pensando va a hacer un techo, no un piso como es el de hoy, lo que hace que los costos de la salud se eleven debido a las obligaciones no previstas que ingresan por vía judicial”, explicaron los que están trabajando en ese proyecto que, cuando esté listo, deberá superar el filtro del Congreso.
En el tema de discapacidad, la búsqueda radica, por un lado, en optimizar el sistema: “Nosotros pagamos a los 20 días, pero a veces nos llegan facturas que tienen dos o tres meses de atraso. Hay mucha desidia. Vamos a ajustar esos tiempos para que los prestadores puedan cobrar en plazos razonables”, explican. Y agregan que la otra parte importante en el tema discapacidad es “quitarle a las obras sociales y prepagas la responsabilidad de la cobertura del transporte y la educación”.
Por último, aparece uno de los grandes costos que han tenido las prepagas en los últimos años: los medicamentos de alto precio, que a través de amparos la Justicia ordena recurrentemente cubrir. “No se puede permitir que cualquier médico haga una orden y eso tenga que tener cobertura sí o sí”, explican los que ya trabajan en un nuevo proyecto de ley para crear “una agencia independiente de evaluación de tecnologías en salud que diga, en función del costo-beneficio, qué hay que cubrir y qué no”.