El plan que tiene en estudio la nueva secretaria de Energía, María Tettamanti, contempla la vuelta a la tarifa social que había utilizado el macrismo y que todos los usuarios paguen el costo pleno, para tener luego un reintegro equivalente a la subvención.
Sin embargo, ese será todo un desafío por el impacto que puede tener una medida de ese estilo si no se calibra correctamente. Son 11,2 millones de hogares los que reciben asistencia sobre un universo de 16 millones en el caso de la electricidad y 6 millones sobre 9 millones en el caso del gas. El saldo es que 7 de cada 10 familias necesita ayuda del Estado para afrontar el pago de sus boletas.
Hay cerca de un millón de usuarios que pidieron subsidio desde que asumió Javier Milei, por los incrementos aplicados en lo que va del año.
El esquema de subsidios que acercó el PRO contempla la vuelta de la tarifa social en reemplazo de la segmentación que puso en marcha en 2022 Alberto Fernández. Ese plan fue delineado por el equipo de Patricia Bullrich durante la campaña presidencial que estaba comandado por el ex secretario de Energía, Emilio Apud, quien acercó el nombre de Tettamanti al secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, luego de que Mauricio Macri y Javier Milei sellaran el acuerdo de colaboración que se conoció hace algunas semanas.
Las condiciones para acceder al beneficio serían mucho más restrictivas que las actuales y, en el escenario ideal, los beneficiarios pagarían el costo pleno de la factura, pero recibirían una compensación a través de una transferencia directa a través de una cuenta bancaria o una tarjeta.
El esquema de segmentación tarifaria contempla la división de los usuarios residenciales en tres universos respecto a sus ingresos frente a la Canasta Básica Total (CBT) del Indec: altos (Nivel 1), bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3). Si bien hoy ningún segmento cubre el costo pleno, son esos dos últimos segmentos que los que reciben una bonificación en los precios de la energía que pagan en sus facturas, con topes de consumo.
El timing de los incrementos será decidido por el ministro de Economía, Luis Caputo, en función de que dos variables centrales: el objetivo de sostener equilibrio fiscal y no poner en peligro la desaceleración de la inflación. En 2024 hubo un recorte en subvenciones equivalente a más de USD 3.000 millones y esperan un ajuste similar para el año que viene, según se desprende del Presupuesto 2025.
En lo que resta del año es muy probable que los aumentos de las tarifas que pagan los usuarios continúen por debajo de la inflación, para no poner en riesgo el proceso de desaceleración, principal objetivo del Gobierno. Los incrementos anunciado para noviembre fueron del 2,5% en electricidad y del 2,7% en gas natural, en línea con la pauta que puso Caputo.
En paralelo, las mediciones de octubre de las consultoras privadas dieron buenas noticias al Gobierno sobre la dinámica de la inflación, pero el dato oficial recién se conocerá el próximo martes 12 de noviembre.
La profundización de esa tendencia a la baja se dio en medio de la continuidad de la corrección de precios relativos, particularmente en tarifas de electricidad, gas natural, combustibles y transporte. En paralelo, analizan cómo serán las próximas subas, pero con la premisa de no poner en riesgo la desaceleración inflacionaria, al menos antes de los incrementos estacionales de diciembre, con las Fiestas y el impulso del turismo interno.
Infobae