Comienza este martes el juicio oral y público a los agentes Rubén Ponce y Julio Rivero y la oficial principal Nélida Rojas por abuso policial contra Emanuel Agudo, un joven de 22 años con síndrome de down, a quien persiguieron y lesionaron en abril pasado cuando iba camino al gimnasio con supervisión de sus padres.
El juicio se llevará a cabo en una sala unipersonal a cargo del juez Rodolfo Lineras de la Cámara Primera en lo Criminal de Sáenz Peña, en tres audiencias que culminarán con la lectura de los alegatos y el fallo correspondiente. También participa como querellante institucional la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia.
Ramiro Cabaña, abogado de la familia Agudo, habló con radio La Red previo al inicio del juicio y aseguró que el joven y sus padres “no tienen miedo de declarar, están tranquilos”. Adelantó que en esta primera jornada “deberían declarar Emanuel, su padre, su madre, su hermana y la psicopedagoga de Emanuel que lo asistió en todo el proceso”.
“Dos funcionarios (Ponce y Rivero) están imputados por el delito de lesiones leves agravadas por ser realizadas por una autoridad policial, en función del artículo 80º, y el delito de privación ilegítima de la libertad agravado por ser cometido por un funcionario público; y otra funcionaria (Rojas) está imputada únicamente por la privación ilegítima de la libertad”, detalló el letrado y señaló que para estos delitos corresponden penas desde “un año y seis meses a siete años” de prisión.
Para Cabaña, “es importante destacar que viene anexionada la inhabilitación policial, que es una cuestión que también estamos buscando desde la querella”. “Sabemos que la pena puede llegar a ser condicional, sin embargo, vamos a buscar la inhabilitación por el doble del tiempo de la pena”, aseveró.
“El personal policial sigue en sus funciones normalmente”, advirtió sobre los imputados y lamentó: “A más de no tres semanas del fatídico 8 de abril, cuando Ema es perseguido, insultado y lastimado por los policías, van al banco con su papá y, apenas entra, se queda obnubilado porque ve al mismo policía que fue su agresor y genera un ataque de pánico y angustia sobre él, que tuvieron que irse. Es sumamente triste. Es una situación que no puede volver a pasar”.
En ese contexto, aseguró que se pondrá “todo el esfuerzo” para llegar a una condena ejemplar “porque lo que esta familia sufrió es mucho”. “Son 22 años que esta familia trabajó con Ema para que pueda tener una vida normal y este hecho fue un retroceso, que no podemos volver a permitir”, remarcó.
Acerca de las audiencias siguientes, Cabaña confirmó que el “día 9 van a declarar los profesionales que intervinieron del área de medicina forense y psicología, también están citados otro profesional que ha participado en la investigación médica, el comisario de la Cuarta y los dos testigos del hecho”. “Y, seguramente, el día 12 serían los alegatos de cierre y la sentencia”, anticipó.
“La expectativa es que antes de la feria terminemos el caso”, sostuvo el abogado querellante y celebró la “agilidad con la que se ha movilizado el sistema judicial en este sentido; estamos con buenas expectativas”.
