La Cámara Federal de Resistencia confirmó ayer el procesamiento de once exoficiales y exsuboficiales de la policía provincial y el Ejército acusados por privaciones ilegales de la libertad y tormentos agravados en perjuicio de 23 víctimas, en el marco de la denominada causa “Caballero IV”. Según la investigación, los hechos ocurrieron en el centro clandestino de la Brigada de Investigaciones, la Alcaidía Policial y la Unidad Penitenciaria Federal N°7 (U7), todos ellos ubicados en la provincia de Chaco, entre 1974 y 1979, y durante la última dictadura cívico-militar.
El procesamiento confirmado alcanza a los extenientes coronel Aldo Martínez Segón y Tadeo Betolli y al exteniente primero Alberto Patteta, -que pertenecían al Ejército Argentino-; al excomisario general José Francisco Rodríguez Valiente, al exsuboficial mayor Gabino Manader, al exsuboficial principal Jorge Ángel Ibarra, al exsargento José Marín y al exagente Emilio Zárate, quienes integraban la Dirección de Investigaciones de la Policía de Chaco, junto al agente Ignacio López del área de Comunicaciones de esa fuerza de seguridad. También procesó al oficial de la Alcaidía policial Juan Ramón Rodríguez Valiente y al exalcalde y jefe de guardia de la U7 de Resistencia, Pablo Cesar Casco.
El fallo de las camaristas Roció Alcalá y Patricia García confirmó los procesamiento dictados el 30 de diciembre pasado por la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger.
Tanto Ibarra como Marín cumplen prisión preventiva en la cárcel federal U7. En los casos de López, Zárate y Juan Ramón Rodríguez Valiente, la Cámara confirmó la decisión de la jueza de primera instancia de otorgarles la prisión domiciliaria. Por su parte, Manader, Rodríguez Valiente, Martínez Segón, Patetta y Betolli continuarán cumpliendo la prisión preventiva con modalidad de arresto domiciliario por condenas por otros hechos similares y Pablo Casco se encuentra excarcelado.
A su vez, la resolución avaló la apelación presentada por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia -integrada por el fiscal general Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y los fiscales ad-hoc Diego Vigay y Horacio Rodríguez-, y por las querellas de las Secretarías de Derechos Humanos de la Provincia y la Nación, y revocó las faltas de mérito de los imputados Ignacio López y Humberto Maidana, para quienes ordenó el dictado de una nueva resolución.
Los fundamentos del fallo
Las juezas realizaron un amplio análisis de todos los casos e imputaciones y refirieron que las declaraciones de los testigos directos y víctimas “adquieren singular importancia ya que fueron protagonistas de los sucesos, sin perjuicio de su confrontación con otras declaraciones obrantes y con documentación que ilustra sobre la modalidad represiva imperante en la época”.
En esa línea, en otro tramo del fallo, las magistradas expresaron que los dichos de las víctimas “resultan contundentes y verosímiles en lo que respecta a las condiciones de detención en la Brigada de Investigaciones y en la Alcaidía Provincial, la identificación y el estado físico de los detenidos, los tratos recibidos y especialmente, la individualización de los presuntos responsables”.
Las camaristas sostuvieron que de tales relatos “puede colegirse el modus operandi de algunos funcionarios policiales y militares intervinientes, quienes ejecutaban procedimientos violentos como parte de un plan sistemático dirigido a la población civil a efectos de obtener información respecto de otros objetivos, lo que permite encuadrar jurídicamente sus conductas dentro de los tipos penales atribuidos, considerados como delitos de lesa humanidad”.
Las víctimas
En la causa “Caballero IV” se investigan los tormentos -psíquicos y físicos- agravados por la condición de detenidos políticos, las privaciones ilegítimas de la libertad y la violación de domicilio en perjuicio de 23 víctimas, entre ellas, un bebé de ocho meses detenido junto a su madre, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y profesionales, quienes tenían militancia social en escuelas, facultades, parroquias y barrios, en las Ligas Agrarias o en agrupaciones políticas como la Juventud Peronista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el peronismo de base.
Las víctimas fueron secuestradas en operativos desplegados conjuntamente entre el Ejército y la Dirección de Investigaciones de la Policía del Chaco. Luego eran trasladadas al centro clandestino que funcionaba en el ámbito de la Brigada de Investigaciones, para después ser llevadas a la Alcaidía Policial o la cárcel federal U7.
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