Tras la absolución de Chen Bagyao en el juicio por jurados por el homicidio de Long Shi, el abogado querellante Ramiro Cabañas, anunció que pedirá la declaración de inconstitucionalidad del artículo 89 de la Ley de Juicio por Jurados, que impide apelar un veredicto de no culpabilidad.
“La sorpresa es inmensa. Porque durante el proceso de investigación se ha constatado un requerimiento fiscal que daba suficiencia de la conducta ilícita, con suficientes pruebas para acreditar. Lo mismo sucedió en la audiencia pública donde se han demostrado todas las pruebas”, señaló en diálogo con radio La Red.
Uno de los argumentos centrales del pedido es la incorporación por parte de la defensa de una prueba audiovisual que no habría sido acordada entre las partes, “no ha estado ratificada por acta”. “Durante las audiencias previas, la defensa, la fiscalía y la querella tienen que ponerse de acuerdo sobre todas las pruebas que van a disponer dentro del proceso penal para que el jurado tenga la prueba más limpia posible”, explicó el letrado.
Cabañas relató que durante el juicio “la defensa dispuso un video, el cual fue mostrando por partes, situación que no acordó con la querella y la fiscalía. Se excedió durante el tiempo y ese video, aunque parezca una prueba ínfima, de la forma que fue mostrado y los fragmentos que fueron mostrados, fue suficiente para generar una confusión en el jurado”. Para el abogado, “se ha generado esa duda y eso implica la existencia de un jurado contaminado”.
A pesar de que la ley no permite recurrir un veredicto absolutorio, la querella buscará que se declare inconstitucional ese artículo y así avanzar en la nulidad del juicio.
“En este caso, desde la querella vamos a interponer una casación solicitando la declaración de la inconstitucionalidad del artículo 89. Recordemos que la inconstitucionalidad es la posibilidad de que los jueces de cualquier instancia hagan un control de las leyes inferiores y su relación con la Constitución”, afirmó. Y remarcó que el recurso se interpondrá, “en principio, porque ha existido una contaminación probatoria, y en el derecho procesal existe algo que se llama la regla de exclusión probatoria, que no es otra cosa que la prueba contaminada es una prueba ilícita y por ende ilegal”.
También citó precedentes internacionales: “Incluso ha sido sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que todas las sentencias penales, del carácter que fueren, tienen que tener un doble conforme, o sea, tenemos que tener la posibilidad de una revisión”.
El pedido, según explicó, buscará que se declare la nulidad del juicio y la inexistencia del proceso judicial: “Este jurado prácticamente debería caer y procederse a la revisión de nuevo juicio”.
Consultado sobre la declaración del imputado que, durante el debate oral, apuntó contra Long Shi, señaló: “Lo que el imputado declare, a diferencia de los testigos, lo hace sin estar bajo juramento; es decir, no tiene la obligación de decir la verdad”. Si bien esa declaración habría tenido peso en la decisión del jurado, el abogado recordó que “queda a disposición del fiscal de Investigaciones ver si evalúa o no la prosecución penal”.
Cabañas adelantó que el proceso será largo, si el juez que intervino en el proceso no admite la inconstitucionalidad,se avanzará con los recursos: “Tendremos que ir en queja al Superior Tribunal de Justicia. Si el Superior nos rechazara, tendremos que ir hasta la Corte Suprema y, por supuesto, si fuera necesario, pediremos la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Finalmente, señaló la importancia de dejar un precedente para futuros casos. “Esta alternativa que estamos planteando no es descabellada, menos aún teniendo en cuenta que se viene en la provincia del Chaco un conjunto de juicios por jurado de una magnitud muy importante. Entonces creemos que podemos lograr este precedente, porque ¿qué va a pasar cuando, en ese caso que se viene en Resistencia, muy relacionado al ámbito político, sucedan este tipo de cuestiones?”.
Para Cabañas, más allá de las trabas legales, es necesario volver a juzgar el caso. “Hay un cadáver descuartizado. Hay un proceso judicial de 14 meses de investigación y hay un asesino suelto. Es una situación que hay que tener en cuenta”, concluyó.
