El Gobierno lanzó las plataformas Contrat.ar y Subast.ar para la venta de empresas y realizar contrataciones vinculadas con la administración nacional, con el fin de “materializar privatizaciones”.
Así quedó formalizado con el Decreto 416/2025, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
El texto normativo indica que las plataformas permitirán contar con “mayores niveles de transparencia, competencia, máxima concurrencia, gobierno abierto, eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos, publicidad y difusión”.
Argumenta además que la conveniencia de adoptar esa modalidad deviene de la circunstancia de que “no está previsto un sistema de gestión electrónica para los procedimientos de selección de licitación, concurso o remate público que puedan realizarse para materializar las privatizaciones mediante las modalidades de venta de los activos de las empresas, venta o colocación de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; locación o administración con o sin opción a compra y permisos”.
El artículo primero del Decreto 416/2025 indica que se le encomienda a “la Oficina Nacional de Contrataciones la implementación de un nuevo módulo del sistema de gestión electrónica Contrat.ar como medio para efectuar en forma electrónica los procedimientos de licitación o concurso público que se efectúen para materializar las privatizaciones mediante la venta de los activos de las empresas”.
También se podrá utilizar para la “venta o colocación de acciones, cuotas partes del capital social o, en su caso, de establecimientos o haciendas productivas en funcionamiento; locación o administración con o sin opción a compra y permisos”.
En tanto, el artículo segundo del Decreto 416/2025 señala que se establece “el uso del sistema de gestión electrónica Subast.ar como medio para realizar en forma electrónica los procedimientos de remate público que se efectúen para materializar las privatizaciones mediante la venta de los activos de las empresas”.
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