En el marco de un plan integral de seguridad vial, la provincia del Chaco puso en funcionamiento 47 radares en 19 puntos estratégicos de rutas nacionales y provinciales. El subsecretario de Seguridad Vial, Rafael Acuña, explicó en contacto con radio La Red que la ubicación de estos equipos “no ha sido a gusto de la Subsecretaría, sino que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial quien se ocupa de habilitar esos puntos en razón a la alta siniestralidad o peligrosidad que representan”.
“Los radares son una pequeña parte de un plan integral de seguridad vial que tiene que ver con la educación, la formación, la disminución de la velocidad, la reducción de la alcoholemia y la intervención en la planta urbana”, indicó Acuña, quien destacó que esta política se vincula directamente con los municipios. En ese sentido, mencionó que se han brindado capacitaciones y equipamiento a los gobiernos locales.
Sobre la instalación de los radares, aseguró que “están homologados por la Agencia Nacional y controlados técnicamente por el Instituto Tecnológico Industrial” y que cuentan con toda la cartelería reglamentaria, lo que incluye avisos a más de 900 metros, señalización del organismo fiscalizador y el límite de velocidad permitido. “No va a haber sorpresas para la ciudadanía”, señaló.
Acuña aclaró que se regularizó la situación de equipos que habían sido incorporados durante la gestión anterior pero que “no estaban cumplidas las cuestiones regulares de la cartelería, notificaciones ni homologaciones”. De 100 equipos anteriores, solo quedaron activos 47, ubicados en zonas de alta siniestralidad, a lo que se sumaron nuevas incorporaciones. “Esto fue tomado de manera seria y estratégica, siguiendo el mapa de la siniestralidad donde debemos realizar las intervenciones necesarias”, dijo.
En relación con el impacto económico, afirmó que “no hay un costo nuevo importante para la provincia”, ya que se trató de una regularización técnica y legal de los equipos existentes. “Hoy ya contamos con todos los tramos legales y técnicos cumplidos para brindar legitimidad a este sistema que tiene que servir para reducir la velocidad y que debe garantizar también a la ciudadanía el debido proceso administrativo, es decir, que tenga oportunidad de defensa cuando crea que esta infracción no corresponde”, planteó.
En cuanto a las multas en caso de detectarse infracciones a través de los radares de velocidad, Acuña detalló que los montos “arrancan a partir de 200.000 pesos” y que el juzgamiento se realiza en dos sedes administrativas: una en Resistencia y otra en Sáenz Peña. Las notificaciones se enviarán al correo electrónico declarado en el Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, y si no se encuentra disponible, se notificará por correspondencia postal o a través de un oficial notificador.
Estado de las rutas
Consultados sobre las deficiencias de la infraestructura vial tanto nacional como provincial, apuntó: “Hemos generado la puesta en marcha de estos equipos porque si sumamos velocidades no permitidas a esa infraestructura vial comprometida, potenciamos las posibilidades de un siniestro vial y las consecuencias para toda la comunidad”. “Más allá de eso, como gobierno provincial, estamos comprometidos con toda la cuestión de manera integral, porque si bien las rutas nacionales son competencia de Vialidad Nacional, si pasa por la provincia es problema de los chaqueños y no lo vamos a esquivar”, aseguró el funcionario.
En ese marco, recordó que “el gobernador ha conseguido también que se empiece a realizar la reparación, a nueva, de la Ruta 95 que va desde Sáenz Peña hasta Tres Isletas en un primer tramo, luego en una segunda etapa se va a realizar hasta la localidad de La Tigra”.
Controles de alcholemia y siniestralidad
Acuña también se refirió a los controles de alcoholemia. Aseguró que “vamos a ser más restrictivos con las cuestiones” y que se está trabajando de forma articulada con municipios y organismos nacionales. “Estamos realizando muchos controles de alcoholemia junto con el Municipio de Sáenz Peña, que hoy tiene más equipamiento que la localidad de Resistencia”, comentó. Además, indicó que la Policía Caminera realiza controles tanto en rutas como dentro de las zonas urbanas.
El funcionario subrayó que las acciones forman parte de un enfoque integral que incluye formación, toma de conciencia y articulación con sectores como asociaciones civiles y familiares de víctimas de siniestros. “No podemos hablar de un buen conductor si no hablamos de una buena persona primero”, sostuvo.
A modo de balance, Acuña destacó que las medidas adoptadas han generado una disminución del 23% en la siniestralidad vial. “Hemos dejado de ser la provincia número uno con el mayor número de siniestros viales y fatalidades”, afirmó. No obstante, advirtió que “la cifra aún es alta” y convocó a los intendentes a trabajar de manera conjunta con la provincia para profundizar los avances.
