El organismo provincial iniciará acciones legales para recuperar el predio.
El Gobierno Provincial, a través del Instituto de Vivienda (IPDUV), denunció públicamente una situación de extrema gravedad en Margarita Belén. Según detalló el titular del organismo, Fernando Berecoechea, un predio destinado al programa “Casa Activa” (un centro de día y residencia para adultos mayores) fue ocupado de manera ilegal bajo la supuesta instigación del jefe comunal local.
Berecoechea fue tajante al señalar que la obra no es de carácter municipal: “Esa obra está bajo la posesión del Instituto de Vivienda. Por lo tanto, la entrega fue absolutamente irregular”.
Una “estafa moral” a las familias
El funcionario calificó el accionar del intendente Javier Martínez como una “estafa moral”, argumentando que se utilizó la necesidad habitacional de los vecinos para realizar una entrega sin respaldo legal. “Lamento profundamente lo que ha ocurrido con estas familias, que fueron engañadas con la ilusión de tener un techo propio”, expresó.
Las 32 residencias en cuestión no están diseñadas como viviendas familiares comunes, sino como un complejo especializado que incluye:
- Residencia geriátrica.
- Centro de Día.
- Consultorios de atención médica.
- Espacios para actividades físicas.
Obra paralizada desde 2023 y deudas heredadas
Berecoechea desmintió que el proyecto se haya detenido recientemente: “El programa Casa Activa no se paralizó por la actual gestión nacional, sino a mediados de 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández”. Actualmente, la obra cuenta con un 50% de avance y se estima que concluirla requerirá una inversión de 1.600 millones de pesos.
El titular del IPDUV recordó que venía manteniendo reuniones con el municipio para gestionar el financiamiento, pero lamentó que el intendente se haya “arrogado facultades que no le corresponden”.
El camino legal
El Gobierno del Chaco confirmó que se iniciarán acciones inmediatas para recuperar el predio. Para ello, cuentan con pruebas que incluyen publicaciones en redes sociales y entrevistas que demostrarían la instigación a la ocupación.
“Tenemos que administrar los recursos con responsabilidad en un contexto de deudas heredadas. El contrato de la obra continúa vigente y nuestro objetivo es finalizarla para dar contención a los abuelos de la zona”, concluyó Berecoechea.
