El objetivo central fue llevar tranquilidad ante la incertidumbre judicial y asegurar que la gestión provincial priorizará la paz social por sobre cualquier medida de fuerza.
“No habrá desalojos”
El ministro Ferro fue categórico al dirigirse a las 600 familias criollas y a la comunidad originaria “Mujeres Fuertes” que forman parte del litigio. “Queremos resolver esta situación y brindar tranquilidad a todos. Es fundamental que no se utilice esta cuestión de forma política y que prime el diálogo”, remarcó el funcionario, enviado directamente por el gobernador Leandro Zdero para destrabar el conflicto.
La complejidad del Lote 88
El conflicto tiene su origen en una resolución judicial del año 2020 que ordena la transferencia de 100 hectáreas a la comunidad originaria. Sin embargo, la realidad territorial presenta un desafío enorme: en ese mismo predio residen actualmente cientos de familias criollas.
Las claves del abordaje oficial:
- Fallo Judicial: Existe un fallo firme que impide la expropiación, lo que obliga al Gobierno a buscar vías alternativas de consenso.
- Mesa de Trabajo: Se evalúa conformar un espacio de diálogo que incluya al Poder Judicial para analizar prórrogas en los plazos establecidos.
- Ampliación del Ejido: Una de las soluciones a largo plazo es el proyecto de ley para ampliar el ejido municipal de Miraflores, lo que facilitaría la reubicación voluntaria de familias con títulos de propiedad garantizados.
Llamado a la paz social
Desde el Ministerio de Gobierno se solicitó expresamente evitar medidas de fuerza que generen enfrentamientos entre comunidades o con las fuerzas de seguridad. El plan oficial apunta a un esquema de reubicación razonable y en tiempos adecuados, evitando cualquier tipo de desplazamiento forzoso al vencimiento de los plazos judiciales.
“Nuestro objetivo es una salida pacífica, priorizando la convivencia y el respeto entre las familias criollas y las comunidades originarias”, concluyó Ferro.
