El mandatario advirtió que avanzar en las condiciones actuales representaría un “perjuicio irreparable” para el municipio y su población.
Zdero cuestionó duramente el convenio firmado durante la gestión anterior de Jorge Capitanich, señalando que dicho acuerdo omitió la vigencia de la Ley 3877/93, la cual establece los límites del ejido municipal. Además, remarcó que el proceso se realizó sin la participación del municipio, el Concejo Deliberante ni la Legislatura provincial, vulnerando la autonomía comunal consagrada por la Constitución.
Defensa de la autonomía municipal y búsqueda de soluciones
“No se puede, a través de un convenio, violentar la ley ni la Constitución, ni avanzar sobre la autonomía municipal”, enfatizó el gobernador. Según explicó, la modificación de un ejido municipal es una facultad exclusiva de la Legislatura, y cualquier intromisión del Ejecutivo en esa área es inconstitucional.
Para llevar tranquilidad a los habitantes criollos y a las comunidades originarias de la zona, el mandatario informó que el Instituto de Tierras Fiscales ya evalúa alternativas legales, como el ofrecimiento de otras tierras de similares características para destrabar el conflicto. El objetivo final es alcanzar una solución que brinde seguridad jurídica y resguarde los derechos de todas las partes involucradas.
