El funcionario calificó de “irresponsables” los dichos del legislador opositor y advirtió sobre la extrema sensibilidad social que rodea al caso, donde conviven familias criollas y comunidades originarias.
Resico cuestionó lo que considera una “utilización política” del conflicto judicial. “Resulta inadmisible que se pretenda sacar rédito político diciendo tan livianito que la provincia tiene que cumplir con la orden judicial. El diputado no conoce la realidad del territorio ni las consecuencias que pueden generar sus declaraciones”, sentenció el secretario.
Un escenario que pone en riesgo la paz social
Según explicó el funcionario, el fallo judicial plantea un escenario de difícil ejecución que podría fracturar la convivencia histórica en la zona. Para Resico, el planteo de la oposición de simplemente construir viviendas es reduccionista y no contempla la profundidad del problema de tierras.
Asimismo, el secretario responsabilizó a las administraciones pasadas por la escalada del conflicto: “Esta situación es consecuencia directa de años de inacción de gobiernos anteriores, que dejaron avanzar un proceso sin contemplar todas sus implicancias ni los derechos de los pobladores involucrados”.
El Gobierno busca alternativas ante una “sentencia de difícil cumplimiento”
Desde el Ejecutivo provincial aseguraron que la prioridad actual es evitar una crisis mayor y preservar la seguridad de las 600 familias afectadas. Resico confirmó que se están evaluando todas las vías legales y técnicas para alcanzar un punto de equilibrio.
“El gobernador Leandro Zdero fue claro: vamos a agotar todas las instancias necesarias para encontrar una solución que lleve tranquilidad a los pobladores y respete los derechos de toda la comunidad de Miraflores”, concluyó el funcionario.
