El encuentro de trabajo estuvo encabezado por el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos del Chaco, Carim Peche, quien recibió en la capital provincial al director nacional de Asistencia Técnica y Apoyo a las Justicias Provinciales y CABA, Martín Cardone, y a la directora nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil, Jacqueline Jalabert. De la mesa técnica participaron además la subsecretaria de Justicia, Elina Nicoloff, y el subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán.
Eje penal: Persecución al microtráfico y combate al ciberdelito
Uno de los puntos más destacados de la reunión bilateral estuvo enfocado en el ámbito penal y en la incorporación de herramientas tecnológicas impulsadas por la Subsecretaría de Política Criminal de la Nación. Las autoridades analizaron el diseño de planes locales y programas de capacitación especializada para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad, con especial énfasis en la persecución penal estratégica del microtráfico.
Asimismo, se avanzó en la implementación de programas de justicia restaurativa juvenil y en herramientas específicas para la investigación de delitos informáticos. En este sentido, se pautó la creación de mesas de trabajo sobre ciberdelito para adecuar los procesos a estándares internacionales y dotar a la justicia chaqueña de mayores capacidades en materia de investigación digital.
Reducción de barreras y protección a vulnerables
En lo que respecta al acceso directo a los derechos ciudadanos, los funcionarios evaluaron el funcionamiento de los dispositivos territoriales y tecnológicos vigentes:
- Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y Programa ADAJUS: Destinados a eliminar barreras burocráticas y físicas en los procesos judiciales, garantizando que las personas con discapacidad o en contextos vulnerables puedan ejercer plenamente sus derechos.
- Asistencia Interdisciplinaria: Refuerzo en los programas de contención y acompañamiento para víctimas de violencias y delitos de competencia federal.
- Programa PRONALCI: Una iniciativa de lucha contra la criminalidad orientada a la protección ciudadana mediante la aplicación de tecnología y la supervisión estricta de medidas cautelares.
La consolidación de esta agenda federal promete dotar al Chaco de asistencia técnica y herramientas de monitoreo de gestión que agilizarán la respuesta judicial ante las demandas de seguridad y equidad de la ciudadanía.
